28 de mayo de 2024, 12:09 PM
28 de mayo de 2024, 12:09 PM
Desde hace tres semanas, existen cinco órdenes de aprehensión para avasalladores de Monteverde (norte de Santa Cruz), pero la Policía Boliviana no dio cumplimiento. De hecho, los usurpadores van por su segunda cosecha de soya que, prevén, será mayor que las primeras 100 hectáreas, porque los propietarios han detectado nuevos desmontes.
El gerente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, indicó este martes que los avasalladores continúan amenazando unas 70 mil hectáreas de soya, maíz y sorgo en unas cinco propiedades vecinas a Monteverde y calculó que la producción en esa área tiene un valor aproximado de $us 120 millones.
“No están avasalladas, pero están amenazadas. Son las propiedades Nueva Toledo y otras cuatro propiedades de la misma zona. Los grupos irregulares vigilan armados, con drones e impiden a los propietarios circular y meter maquinaria, no los dejan hacer su actividad agrícola, ya que les impiden que produzcan”, indicó Hernández, en contacto con EL DEBER.
Según el ejecutivo, en 70 mil hectáreas se puede producir 300 mil toneladas de soya, la cual tiene un precio actual de $us 400 por tonelada. Monteverde se encuentra ubicada en el municipio de San Pedro, al norte del departamento de Santa Cruz.
“Lo que hay que hacer es cumplir lo que ya está establecido en la Ley contra los avasallamientos. En reiteradas oportunidades, las autoridades nos han pedido que sigamos el curso legal, dependiendo del estado de situación, ya sea ante el INRA o el Tribunal Agroambiental. Los productores, están haciendo por eso, han acudido ante las instancias legales y es por eso que se tienen estas órdenes ya de desapoderamiento y de aprehensión”, indicó el gerente de Anapo.
En ese sentido, EL DEBER intentó comunicarse con la Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en Santa Cruz, pero manifestaron que la vocería del INRA Nacional es la responsable de emitir declaraciones de ese tipo. También se intentó contactarse con el INRA nacional, pero sin éxito. En la Fiscalía Departamental de Santa Cruz no pudieron informar al respecto.
