28 de mayo de 2024, 17:13 PM
28 de mayo de 2024, 17:13 PM
El comandante departamental de la Policía Boliviana en Santa Cruz, Erick Holguín, dijo haber solicitado un informe al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para validar el proceso de la aprehensión de las personas acusadas de avasallamiento de 3.000 hectáreas en la propiedad Monteverde, al norte del departamento de Santa Cruz.
En conferencia de prensa, Holguín aseguró que el informe del INRA debe establecer si los denunciantes son realmente los propietarios de las tierras para no incurrir en errores.
“Hay que establecer claramente que muchos de esos terrenos, supuestamente avasallados… digo: ‘supuestamente’, porque se encuentran muchos con procesos de reversión o declaradas tierras fiscales; quienes son propietarios o eran instrumentos propietarios arguyen de que estuviesen siendo avasallados y, en algunos de los casos, se encuentran con nueva dotación de tierras”, manifestó la autoridad policial.
Según Holguín, solicitó un informe del INRA para organizar y planificar los operativos y no incurrir (en) el error, que muchas veces es motivado por intereses de quienes eran propietarios; aunque también existen efectivamente avasallamientos.»
Agregó que los operativos son instruidos por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para ingresar a las zonas y ejecutar los mandamientos que quedan pendientes. Para ello, afirmó que se están identificando y ubicando a los involucrados en los avasallamientos denunciados.
El gerente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, dijo, la mañana de este martes, a EL DEBER que desde hace tres semanas existen cinco órdenes de desapoderamiento y aprehensión de la Fiscalía contra los líderes de los avasalladores de Monteverde, lo que significa que están identificados con nombre y apellido, pero la Policía no ha dado cumplimiento.
De hecho, los avasalladores que ingresaron en septiembre del año pasado,están realizando su segunda siembra de soya y pretenden superar un área de más de 100 hectáreas que sembraron en verano. Además, existe una orden de incautar esa producción, accionada por los propietarios de Monteverde.
EL DEBER intentó conocer la versión del INRA, pero la vocería oficial no respondió a las llamadas telefónicas.
