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Bandera superior



31 de mayo de 2024, 14:49 PM

31 de mayo de 2024, 14:49 PM

La audiencia de medidas cautelares contra diez personas acusadas de formar parte de una red internacional de ciberestafadores se postergó este viernes para mañana sábado a las 13:00. El proceso se llevará a cabo en el sexto piso del Palacio de Justicia.

Momentos en que la Policía trasladó a los 10 aprehendidos luego de exponerlos en rueda de prensa.  /Video: Ricardo Montero

Según las investigaciones, la banda operaba desde Bolivia para extorsionar a ciudadanos de Perú, Ecuador, Chile y México, mientras que las personas que extorsionaban a bolivianos lo hacían desde suelo ecuatoriano. Las diez personas aprehendidas utilizaban diferentes métodos para amedrentar a sus víctimas, incluso enviándoles audios con amenazas de muerte.

Amenazas y cobros escalonados

El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, detalló que la organización criminal tenía un modus operandi escalonado para cobrar las deudas.

En la primera instancia, se realizaban llamadas telefónicas o se enviaban mensajes de texto amistosos recordando la deuda. Si el deudor no respondía, las amenazas se intensificaban, incluso llegando a amenazar a sus familiares.

Finalmente, se enviaban audios con amenazas de muerte proferidas por ciudadanos peruanos, lo que generaba temor en las víctimas y las obligaba a pagar.

Estructura de la organización

La investigación policial reveló que la organización estaba liderada por un ciudadano chino, Lei Z., quien era el accionista mayoritario de la empresa fachada. Su socia era una joven boliviana de 19 años, Sofía R.V.

El subjefe de la organización era un colombiano de nombre Miguel Ángel R.F., quien se desempeñaba como traductor del chino y estaba a cargo del área administrativa.

Percy R.D. era el encargado de Recursos Humanos y se encargaba de reclutar personal, exigiéndoles requisitos como documentos de antecedentes penales y dos teléfonos celulares.

Marcelo T.M. era el responsable de capacitar a los nuevos empleados y presentaba la empresa como un «Estudio de mercados de realización de encuestas».

Los cobros a las víctimas estaban a cargo de diferentes personas según la nacionalidad del deudor. Franco P.R. era el líder peruano, mientras que Gianella M.M. se encargaba de las víctimas de Ecuador y Luis A.F. de las de México y Chile.

Adriana R.M. era la controladora de calidad y Fiorela S.V. la encargada de Recursos Humanos.

Cantidad de víctimas

La Policía estima que la red de ciberestafadores contactaba a diario a unas 1.080 víctimas, a razón de diez por cada trabajador.



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